Cuarto de Guerra
Por Francisco Castellanos J.
Martes 05 de mayo de 2026.- Juan Manzo Rodríguez, subsecretario de Gobierno y hermano del presidente municipal asesinado de Uruapan, así como Guillermo Valencia Reyes, dirigente estatal del PRI y diputado local, acusan a la viuda de Carlos Manzo y actual alcaldesa, Grecia Quiroz, por presunta obstrucción de la justicia, tras revelarse que se ha negado a entregar a la Fiscalía de Michoacán, el teléfono celular del alcalde asesinado el 1 de noviembre de 2025.
Sobre la retención del dispositivo móvil, pieza que la Fiscalía considera clave para las investigaciones, el diputado Valencia Reyes, calificó el hecho como una afrenta a los ciudadanos y a los dolientes de Manzo.
“Es gravísimo, es un delito de obstrucción de la justicia. ¿Cómo le vamos a exigir a la Fiscalía resultados si algo tan elemental y básico como entregar el celular, que ahí debe haber pruebas, no se lo han entregado?”, cuestionó.
Guillermo Valencia criticó que la munícipe pretenda imponer términos a la investigación ministerial. “A la justicia no se le puede poner condiciones. A la justicia se le da toda la información necesaria para dar con los responsables del crimen. Así de simple”, indicó.
Valencia Reyes afirmó que el legado del exedil de Uruapan fue vulnerado casi de inmediato tras su asesinato. “Yo creo que traicionaron a Carlos Manzo desde que al día siguiente de su homicidio fue la señora (Grecia) a reunirse con la presidenta”, sentenció el líder priista, sugiriendo una ruptura entre los intereses de la actual administración y la búsqueda de justicia para Manzo.
El legislador calificó la postura de la alcaldesa como una estrategia para contener el malestar social derivado del crimen. “La señora Grecia, desafortunadamente, se convirtió en un sedante masivo para tranquilizar la indignación popular y despresurizar esa indignación”, afirmó Valencia Reyes.
Por su parte el hermano del alcalde Carlos Alberto Manzo Rodríguez, Juan de los mismos apellidos, consideró que el ayuntamiento está bajo sospecha por pagar defensa legal de escoltas implicados en el homicidio.
El señalamiento público de Juan Manzo coloca al Ayuntamiento de Uruapan en el centro de la controversia, al advertir como “sospechoso” que presuntamente se estén utilizando recursos públicos para cubrir la defensa legal de escoltas señalados de facilitar el homicidio de su hermano Carlos Manzo.
De acuerdo con lo expuesto, la utilización de dinero público en este contexto no corresponde a un esquema ordinario de apoyo institucional, debido a la gravedad de los hechos que se investigan. En términos legales, la defensa financiada por entes gubernamentales debe estar plenamente justificada y acotada a funciones derivadas del servicio público, lo que en este caso abre cuestionamientos sobre la procedencia y legalidad de dichos pagos.
“El caso incorpora un elemento adicional que incrementa la preocupación: la defensa de los escoltas es encabezada por Gustavo Carreón, abogado identificado por su cercanía con el entorno de Carlos Manzo. Este vínculo ha sido señalado como un posible conflicto de interés, al tratarse de un litigante relacionado con el mismo círculo político implicado en los hechos”.
En este contexto, la responsabilidad política también alcanza a la presidenta municipal, Grecia Quiroz. Como titular del gobierno local, debe tener conocimiento sobre el origen y autorización de los recursos públicos destinados a la defensa legal, lo que la coloca en el centro de las preguntas sobre quién aprobó estos pagos y bajo qué justificación. En consecuencia, las sospechas no solo recaen en una decisión administrativa, sino en la conducción misma del gobierno municipal.
“En paralelo, no se reportan avances contundentes en la localización de José Manuel Jiménez, señalado como jefe de escoltas y presunto facilitador del homicidio”. La falta de resultados verificables, aunada a la ausencia de información detallada por parte de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, mantiene abierta la percepción de opacidad en el proceso de investigación, señala el subsecretario de Gobierno.
