Redacción Revista CG
Jueves 30 de abril de 2026.- En lo que representa uno de los señalamientos más delicados contra un mandatario en funciones, el gobierno de Estados Unidos acusó al gobernador morenista de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, de presuntos vínculos con el narcotráfico y solicitó formalmente su extradición, en un caso que impacta directamente a la administración encabezada por la presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo.
La acusación, presentada por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos y la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, señala al mandatario morenista de presuntamente proteger a la facción de “Los Chapitos”.
Se le señala por delitos de conspiración para el tráfico de drogas —incluyendo fentanilo, cocaína, heroína y metanfetamina—, así como por presunta colaboración con el Cártel de Sinaloa.
De acuerdo con la investigación, Rocha habría facilitado operaciones criminales a cambio de sobornos y brindado protección institucional a integrantes de dicha organización, además de enfrentar señalamientos por lavado de dinero, conspiración para la importación de drogas a territorio estadounidense y participación en una empresa criminal continua.
El expediente también incluye cargos por asociación delictuosa y delitos relacionados con el uso y posesión de armas en el contexto del narcotráfico, así como acusaciones adicionales por obstrucción de la justicia y encubrimiento de actividades ilícitas, lo que eleva la gravedad del caso al involucrar no sólo presuntos actos de corrupción, sino una estructura de apoyo desde el poder público.
La solicitud de extradición marca un punto de tensión en la relación bilateral, al colocar bajo presión al gobierno mexicano, que hasta ahora ha respondido que no cuenta con pruebas suficientes para proceder legalmente contra el gobernador.
Junto a Rocha Moya, autoridades de Estados Unidos señalaron a otros funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa, entre ellos el senador Enrique Inzunza Cázarez y el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, así como mandos de seguridad y funcionarios del área financiera y de procuración de justicia.
Según la acusación, todos formarían parte de una red que operaba para garantizar la protección del narcotráfico en la entidad, mediante filtración de información, encubrimiento de actividades ilícitas y recepción de recursos ilegales.
Hasta el momento, Rubén Rocha Moya ha rechazado las acusaciones y sostiene que se trata de señalamientos sin sustento, mientras que el gobierno federal insiste en que cualquier acción deberá basarse en pruebas formales y conforme al marco legal mexicano.
