Desde El Búnker
Jueves 30 de abril de 2026.- En la cúpula de la 4T se casan con la idea de que la acusación de EU contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha y otros nueves políticos, entre ellos el secretario de Finanzas de esa entidad, el alcalde de Culiacán y un senador (todos de Morena), es en realidad la venganza por la exhibición de la intromisión de agentes de CIA en el territorio gobernado por la panista, Maru Campos, en Chihuahua.
Sostienen que por eso fue que, apenas si se entregó la solicitud de detención y extradición de Rocha, y con toda prisa EU dio a conocer la noticia a los medios de comunicación, sin importar los protocolos de ley que prevalecen en este tipo de casos y sin aportar los elementos de prueba necesarios para proceder contra el mandatario sinaloense.
La postura de la autoridad federal mexicana es de cautela extrema y prudencia total. Saben que el asunto no se trata sólo de combate y sanción a un supuesto criminal, sino de un paso muy delicado en la escalada de rompimientos entre ambas naciones y en un tema que se perfila a la intromisión directa en México, con tropas y agentes de Estados Unidos.
La Secretaría de Relaciones Exteriores y la Fiscalía General de la República se ven obligadas a concentrase totalmente en la petición y a olvidarse de los “cacerolazos” de los panistas para determinar con toda objetividad el peso real de la acusación contra Rocha y los otros funcionarios.
En las prisas demostradas por el gobierno de los Estados Unidos para detener a Rocha, paradójicamente abren una oportunidad de oro para que el gobierno que encabeza la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, lleve a cabo una investigación meticulosa, de orden técnica y profesional para determinar si Rocha y los otros señalados en realidad trabajaban para el cártel de Sinaloa o para los Chapitos.
Hoy se abre la posibilidad de un limpia que permita hacer a un lado a funcionarios y burócratas de la administración federal, de los gobiernos estatales y municipales que tengan ligas con el hampa y de comprobarse la acusación gringa, entonces seguramente la sorpresa sería mayúscula al comprobarse que pudiera haber otros “Rochas” en otras partes de México y que quizás la realidad de otras entidades pudiera ser más compleja y convulsa.
¿Cuántas entidades no debería verse en el espejo de Sinaloa? ¿Cuántos senadores, diputados o alcaldes de todos los partidos viven sus mandatos o administraciones a la sombra del hampa?
Apenas el pasado 22 de febrero caía abatido el líder del temible CJNG, Nemesio Oseguera Cervantes en territorio jalisciense, sin que nadie desde el gobierno reconociera que “El Mencho” contaba con protección especial.
¿Qué tan lejos está Jalisco de todo lo que ahora se le acusa a la élite gobernante de Sinaloa?
¿Acaso será el asunto Rocha el que inicie una lucha política de dimensiones nunca imaginadas en México?
