Desde El Búnker
Lunes 19 de octubre de 2026.- Jornada épica para los diez mil manifestantes en contra del agua puerca, de la privatización del vital líquido y a favor de la solicitud de revocación de mandato de Pablo Lemus, Una movilización la de este domingo 18 de octubre, que quedará para la historia de Guadalajara. Una protesta con causa social, empañada por al menos 300 “reventadores” y por la ausencia de policías de un Gobierno de Jalisco que, paradójicamente, ocho días antes sí enfiló a cientos de sus elementos solo para reprimir con gases lacrimógenos y con chorros de agua.
Este domingo 18 de octubre, se vio un centro de Guadalajara tomado por miles de manifestantes que salieron a protestar contra la mala calidad del agua y las políticas relacionadas con su distribución.
Todo iba bien, hasta que aparecieron los reventadores. Durante la movilización, personas desconocidas, algunas de ellas encapuchadas, intentaron reventar la protesta en distintos momentos. Desde el inicio, varios lanzaron barrenos de gran tamaño contra algunos de los manifestantes. El estruendo era tal que generaba gran alarma entre los asistentes. Por ese motivo la movilización llegó a permanecer paralizada durante cerca de tres horas ante las condiciones de inseguridad que detectaron en diferentes puntos de la movilización, entre el Parque Rojo y la Plaza de Armas, por el rumbo de la avenida Juárez y 16 de Septiembre.
Un grupo de más de 40 encapuchados empezaron desde temprana hora de ese domingo. Atacaron varios carros estacionados en las inmediaciones del Parque Rojo, saquearon una tienda de tenis y destruyeron los cristales de varios negocios, entre ellos los de una tienda Coppel y un hotel. Todo en un intento de culpar a los manifestantes y a quienes realizaban el recorrido del Parque Rojo a la Plaza de Armas por la avenida Juárez o en su afán de querer responsabilizar a un supuesto grupo enviado por Morena.
Los manifestantes denunciaron a Cuarto de Guerra que todo ese operativo se orquestó desde el gobierno de Pablo Lemus Navarro. Al mismo tiempo que medios y espacios digitales afines al gobierno emecista empezaron a correr la versión de que todo era un ataque hacia Jalisco y su gobierno. Bajo esa lógica se echaron a andar las fábricas de bots contratadas para favorecer al gobierno naranja. Sin embargo, esa narrativa se desmoronó por sí sola.
Los organizadores de la marcha pronto se dieron cuenta de que había un grupo de más de 40 personas que habían llegado para generar disturbios y provocar violencia. En un primer momento, los provocadores aparecieron con máscaras o pasamontañas y portaban camisetas de las Chivas, del Atlas, de los Leones Negros de la UdeG y hasta del América, atentando contra la lógica más elemental de los porristas de futbol: los del Atlas o del América y los de Chivas o de Leones Negros difícilmente pueden estar juntos en un solo grupo, salvo que alguien les haya pagado para fingir que iban todos juntos.
Uno de los responsables de lanzar un petardo, en el cruce de Manuel Castellanos y Juárez, fue detenido por los organizadores y sacado del contingente, pero ellos no pudieron entregarlo a los policías porque no había agentes de seguridad. El famoso operativo cantado por el secretario de Seguridad Pública del Estado, Juan Pablo Hernández, no se vio por ningún lado. Ese mismo sujeto dijo que era habitante de Oblatos y, al ser cuestionado por Cuarto de Guerra, negó que lo hubieran contratado para causar desmanes, pero admitió que sí le habían pagado con droga.
Al final de la protesta, cuando miles de personas ya se habían retirado del centro de Guadalajara, se desató un ataque con explosivos y algún tipo de hidrocarburo contra el Supremo Tribunal de Justicia y contra el Congreso de Jalisco, en forma casi simultánea, en una acción que dejó una columna de humo negro que se extendió hacia el cielo en cuestión de minutos, en los momentos en que el centro de la ciudad era visitado por miles de personas ajenas a la manifestación.
De esas acciones se responsabilizó a los tripulantes de una camioneta gris de modelo reciente que, por extraño que parezca, circulaba sin placas y sin ser molestada por nadie, en un momento en que las principales calles del centro y las aledañas al Palacio de Gobierno, al Congreso y a Palacio de Justicia estaban cerradas a la circulación por la Policía Vial, que era la única dependencia que podría permitir el paso de vehículos.
Los únicos que podían circular o pasar en el perímetro acordonado eran los vehículos oficiales o las unidades de emergencia, pero ahí apareció esa camioneta gris, provocando los ataques contra el edificio del Supremo Tribunal de Justicia y sin que nadie la detuviera hasta después de la agresión con explosivos y algún tipo de hidrocarburo, cuando supuestamente se detuvo a los cuatro tripulantes de esa unidad.
En la trifulca y el ataque con los explosivos o barrenos, el corresponsal de La Jornada, Juan Carlos G. Partida, resultó lesionado por una esquirla que le provocó una herida leve en uno de sus oídos. Al final, ese incidente pudo haber puesto en riesgo la vida de ese periodista, pero por fortuna no pasó a mayores.
El gobernador Pablo Lemus solo salió a través de redes sociales para condenar la violencia, pero jamás dijo dónde estaban sus policías, quienes, a diferencia del domingo anterior en la protesta frente a Casa Jalisco, el domingo 18 recibieron la orden de no aparecer.
Todo esto ocurrió ocho días después de los disturbios provocados durante la primera megamarcha, que dejó decenas de personas heridas, 37 detenidos y al menos 28 policías lesionados. Y justo cuando desde hace días cobra fuerza el rumor de que el responsable de ordenar los actos de violencia de los policías y de la tortura contra los manifestantes fue su jefe de Gabinete, Alberto Esquer, un funcionario que hasta la fecha guarda un silencio sepulcral y quien es recordado como exdiputado del PAN, hace más de 14 años, cuando se especializaba en cobrarle “moches” a alcaldes del sur de Jalisco para la autorización de obra pública.
Lo cierto es que la protesta contra el agua puerca se ha convertido en un reclamo de revocación de mandato contra Pablo Lemus, y la gran pregunta que queda en el aire es: ¿quién le dice a Pablo Lemus que la mejor opción que tiene para acabar con la inconformidad por el agua sucia es “reventar” marchas o contratar porros para provocar violencia o usar policías para desatar la tortura o llevar a bomberos para disparar agua a alta presión contra los inconformes con la privatización de los servicios de agua?
La contaminación del agua, que mantiene a miles de jaliscienses sin el elemento más importante para la vida, el pésimo manejo político para buscar un plan de solución y la terrible actuación del gobierno, primero con la represión afuera de Casa Jalisco el 11 de octubre y ahora —el extremo— con la falta de presencia policiaca este domingo 18 de octubre, que permitió que delincuentes tomaran por ocho horas el centro de Guadalajara, deja a Pablo Lemus hundido en la peor crisis de un gobierno emecista y por lo cual miles piden la revocación de su mandato.
