Desde El Búnker
Miércoles 18 de febrero de 2026.- Abraham González Uyeda, el accionista mayor de la lechera Sello Rojo quiere a uno de sus hermanos en la cárcel, en su afán por pasar por encima del grupo minoritario de accionistas y en su desesperación por quedarse con todo.
Todo un galimatías se arma en torno a la intención de detener y trasladar a Michoacán al empresario Roberto Eiji González Uyeda, uno de los accionistas de la lechera “Sello Rojo”.
Desde hace varios años Abraham González Uyeda, quien por cierto se desempeñó como subsecretario de gobernación en la administración del presidente Felipe Calderón Hinojosa, vive en conflicto con varios de sus hermanos por la negativa de Abraham a reconocerles los derechos que ellos tiene como accionistas de la lechera y en su desesperación por anular sus reclamos, incluso llegó al extremo de demandar por la vía penal a uno de sus hermanos, a Roberto, bajo el supuesto argumento de fraude procesal para reclamar por la vía jurídica parte de la lechera.
El pasado 14 de febrero un grupo de agentes de la Fiscalía de Michoacán al parecer con todo el apoyo del gobierno de aquella entidad, llegaron a Jalisco con la idea de cumplimentar una orden de aprehensión contra Roberto, pero para su mala fortuna ese empresario fue trasladado de urgencia a un hospital y para colmo de los agentes michoacanos, Roberto obtuvo un amparo que impide su detención.
Pero todavía no termina la acción de los michoacanos y de manera sorprendente, el propio Roberto Eiji, descubre que se le abrió otra carpeta de investigación y también agentes de la Fiscalía de Baja California, ya se hacen presentes en Jalisco para tratar de llevarse a Roberto a Baja California o “ponérselo” a los michoacanos para que se lo lleven.
En medio de todo ello se sabe que los agentes bajacalifornianos no cuentan con ninguna asignación oficial por parte de las autoridades de Baja California para poder actuar de manera institucional en territorio de Jalisco.
Lo paradójico de todo esto es que parece que la Fiscalía de Jalisco, y las autoridades estatales guardan silencio y permiten la actuación irregular, al menos en el caso de los agentes de la Fiscalía de Baja California.
¿Cuál es la prisa de Abraham para tratar de encarcelar a su hermano, justo en febrero de 2026? ¿Acaso ya se dio cuenta de que va perdiendo en el pleito por desconocer a los otros accionistas de Sello Rojo? ¿Por qué la Fiscalía de Jalisco no se faja los pantalones y les exige a supuestos o reales agentes de otras fiscalías estatales que cumplan con los protocolos establecidos para poder operar en otras entidades?
