Desde El Búnker
Miércoles 18 de marzo de 2026.- La Fiscal General de la República, Ernestina Godoy enfrenta una prueba de fuego y le va mal, muy mal al tratar de justificar la falta de vigilancia en la cabaña y el resguardo de indicios, de la última morada de El Mencho en Tapalpa y donde se desarrolló el máximo operativo contra el crimen organizado, que muchos llaman del siglo.
En el lugar, según medios de comunicación, encontraron hojas escritas a mano donde se estipulaba el pago a policías estatales y municipales de distintos poblados del sur y la costa de Jalisco, las famosas narconóminas, indicios que no sólo pone en duda su autenticidad la FGR, sino que se atreve a decir que va a investigar quiénes permitieron el ingreso a los medios de comunicación, a un lugar donde únicamente la FGR tenía la obligación -incluso legal- de resguardar.
En el comunicado FGR 141/26, fechado el 16 de marzo de 2026, la institución admite que se dejó sin el resguardo debido la cabaña que ocupaba Nemesio Oseguera Cervantes porque: “El lugar referido no ofrecía condiciones mínimas de seguridad para resguardo de personal ministerial y pericial”. Esa fue la justificación de la FGR, luego del operativo más importante en los últimos sexenios, que derivó en la captura y muerte del máximo líder del CJNG.
El comunicado lleva a la risa de expertos en el tema del protocolo que se debe seguir para actuar conforme lo marca el nuevo sistema penal adversarial. ¿Cómo que las autoridades tuvieron miedo de llevar a cabo ese resguardo?, cuestiona el doctor Javier Hurtado en la mesa de análisis de la Revista Cuarto de Guerra.
El también expresidente del Colegio de Jalisco, asegura que el día 22 de febrero, en el marco del operativo contra El Mencho, lo que ocurrió en Tapalpa fue un verdadero acto de guerra del estado mexicano contra el líder del CJNG.
Ese intelectual afirma que las negligencias y los errores observados por la falta de resguardo y de la cadena de custodia del lugar donde se ubicaba El Mencho, abonan en el fortalecimiento de la teoría de que en México se levanta un narco estado, por la presunta negligencia, contubernio y protección al CJNG.
Por su parte, el investigador de la UdeG, Alfonso Partida Caballero, sostiene que el análisis sugiere que el día del llamado “Jaliscazo” las autoridades venían a dar muerte a Nemesio Oseguera.
Sostienen que se debe fincar responsabilidades a todos los funcionarios que por omisiones o negligencias hacen que las evidencias se esfumen y que la cadena de custodia de las pruebas aparezca pervertida (como sucedió con la FGR), indicios que quedaron “rotos” y salva (de manera sospechosa) a policías o funcionarios estatales y municipales para poderlos procesar por el sistema de protección del que gozaba El Mencho.
