Desde El Búnker
Miércoles 21 de enero de 2026.- Apenas rindió protesta el pasado martes, ante el Congreso de Jalisco y Eduardo Cipriano Manzanilla tiene toda una gestión para demostrar que no llegó al puesto para simular una supuesta lucha contra la corrupción en Jalisco y que no llegó al cargo para ser la triste comparsa de los negocios de un gobernador que impone sus intereses empresariales por encima de las necesidades sociales de Jalisco.
Lo primero que tendría que investigar es la adquisición de artículos y mercancías a sobreprecio, tal como ocurrió con miles de laptop que compró el gobierno de Jalisco en la era de Enrique Alfaro a sobreprecio para entregarlas a maestros, en la pasada administración en donde – al igual que ahora- ocupaba el despacho de secretario de Educación, Juan Carlos Flores y él era parte del gabinete alfarista.
Manzanilla tendrá que investigar las denuncias de las remodelaciones a sobreprecio de obras mundialistas como ocurre con el remozamiento de la Glorieta Minerva o como la Plaza de la Liberación. Y si acaso el trabajo no le satura, también tendrá que investigar la asignación directa a la empresa Broxel para manejar la llamada tarjeta naranja en la aplicación del subsidio de 3.00 pesos que el gobierno de Jalisco se dice dispuesto a aplicar a todos aquellos que soliciten ese plástico.
Manzanilla tendrá que fingir que no pasa nada y abstenerse de indagar si acaso el expresidente de Coparmex y hoy gobernador, Pablo Lemus no incurre en un abuso de autoridad y conflicto de intereses al promover una tarjeta con servicios bancarizados para poder hacer uso del transporte público, como si se tratara de una membresía de Cotsco y saber si lo que hace de poner módulos para la credecialización en instancias gubernamentales no es el poner el espacio público para fortalecer un negocio privado.
En opinión, del abogado constitucionalista, Francisco Jiménez Reynoso, cualquier caso de presunta corrupción de gran calado como estos que se mencionan, tienen que ser investigados de oficio, por el Fiscal Especializado en Anticorrupción.
Manzanilla tiene siete años para demostrar que no es el abogado de la corrupción, como siempre se han caracterizado los fiscales anticorrupción, “a modo”.
