Redacción Revista CG
Martes 12 de mayo de 2026.- El más reciente informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos coloca a la entidad como el epicentro de la tragedia de desapariciones en el país, al concentrar 15 mil 330 personas no localizadas, la cifra más alta de todo México. Se trata de un Estado rebasado, donde el miedo, la ausencia y la impunidad se han vuelto parte de la vida cotidiana, señala la titular de este organismo.
Jalisco encabeza el registro nacional de hombres desaparecidos, con más de 13 mil casos; figura también entre las entidades con más mujeres desaparecidas y aparece entre los estados donde la desaparición de niñas, niños y adolescentes sigue creciendo.
Para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su último informe sobre las desapariciones en México, esta realidad no puede entenderse sin el peso del crimen organizado en el llamado “corredor del Pacífico”, una franja estratégica que conecta a Jalisco con Colima, Nayarit y Sinaloa, donde la disputa territorial entre grupos criminales ha convertido la desaparición en un método sistemático de control y terror.
El problema no está sólo en las zonas rurales, también en municipios como Guadalajara, Tlaquepaque, Tlajomulco, Zapopan, Tonalá y Lagos de Moreno aparecen como focos críticos.
En su informe “Desaparición de Personas en México”, la CIDH ofrece un diagnóstico de un país rebasado por la violencia, la impunidad y la incapacidad institucional.
El balance nacional es de más de 128 mil personas desaparecidas hasta junio de 2025 y más de 70 mil cuerpos sin identificar, cifras que revelan una emergencia forense en un país, donde miles de familias, ante la ausencia de respuestas oficiales, han tenido que salir a las calles a buscar con sus propias manos.
La responsabilidad directa es del Estado mexicano, según señala la comisionada y relatora para México de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Andrea Pochak: “Hay responsabilidades claras del Estado en la falta de prevención, en la falta de búsqueda, en la falta de investigación y sanción; en la falta de esclarecimiento de los restos, en la falta de acompañamiento y asistencia a las víctimas; en la falta de políticas de no repetición y sobre todo, de memoria”.
Aunque el informe reconoce que buena parte de las desapariciones son atribuibles al crimen organizado, también lanza una acusación: las desapariciones forzadas cometidas por agentes del Estado siguen ocurriendo. La CIDH documenta casos de presunta colusión entre grupos criminales y autoridades encargadas de la seguridad y la procuración de justicia.
La impunidad es otro de los puntos. La judicialización de apenas una veintena de casos en el último año resulta mínima frente a la dimensión del problema. La falta de sentencias, las investigaciones deficientes y la lentitud institucional han provocado que sean las propias familias quienes carguen con la obligación de buscar a sus desaparecidos.
El informe también habla de niñas, niños y adolescentes reclutados por el crimen organizado; mujeres y personas LGBTIQ+ desaparecidas por razones de género; periodistas y defensores atacados por su labor; y migrantes atrapados en rutas controladas por la violencia.
Aunque la Comisión Interamericana de Derechos Humanos reconoce algunos avances institucionales —como la reactivación del Sistema Nacional de Búsqueda y nuevas áreas de atención a víctimas— esto no alcanza.
En conclusión, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es que: México enfrenta una crisis de derechos humanos alarmante, donde lo verdaderamente escandaloso no es únicamente el número de desaparecidos, sino la normalización del horror y el que miles de familias sigan cavando la tierra en busca de sus desaparecidos.
