Desde El Búnker
Alberto Osorio Méndez
Jueves 05 de junio de 2025.- La peor represión en la época contemporánea en Jalisco sucedió hace exactamente cinco años (entre la tarde del 05 de junio de 2020 y la madrugada del 06) en la administración de Enrique Alfaro Ramírez, en plena pandemia, cuando policías ministeriales de la Fiscalía del Estado, golpearon, persiguieron y hasta desaparecieron por varias horas, a decenas de jóvenes que protestaban por la también represión y después muerte, de Giovanni López, un albañil de 26 años que fue detenido por policías de Ixtlahuacán de los Membrillos por no llevar el cubrebocas y después asesinado.
Pero lo más grave vino después, el 07 de junio de 2020, el entonces gobernador, Enrique Alfaro Ramírez, tratando de lavarse las manos, a través de un video en sus redes sociales, hizo una de las declaraciones más fuertes y absurdas de su sexenio, cuando reconoció que el crimen organizado, estaba infiltrado en la Fiscalía de Jalisco y que los elementos represores, habían respondido a órdenes que no correspondían a sus mandos superiores:
“El motivo de mi preocupación principal en este momento (07 de junio de 2020) es que los hechos, los acontecimientos del día de ayer responden a una línea de investigación, sumamente preocupante: La posibilidad de que el mando policiaco, el mando de la policía ministerial y elementos de esa corporación que actuaron ayer de esa manera, pudieran haberlo hecho por instrucciones surgidas de otra fuente”.
“¿Quién dio la orden? (de perseguir, detener, golpear y desaparecer a los jóvenes) y ¿quién dio esta instrucción?, evidentemente no fue el fiscal del estado, tenemos la certeza de eso. Lo que tenemos también es la obligación de investigar si esta instrucción surgió de algún lado que tengan que ver con grupos de la delincuencia”.
(Versión estenográfica de parte de lo que declaró Alfaro el 07 de junio de 2020)
Tres años después, en junio de 2023, colectivos instalaron en el centro de Guadalajara el Antimonumento 5J, para recordar precisamente este hecho de represión.
Sin embargo, Enrique Alfaro y Pablo Lemus (en ese entonces presidente municipal de Guadalajara) la retiraron de manera arbitraria, con la absurda justificación de que no cumplía con los parámetros del INAH para mantenerse en el centro histórico.
Así lo manifestó en ese momento Enrique Alfaro: “No hay polémica. Claro que la retiraron el Gobierno del estado y el gobierno municipal de Guadalajara, los dos. Está prohibido poner eso. Yo hablé en la mañana con el presidente Lemus con toda claridad. Es una decisión de los dos y es una decisión que sostenemos y vamos a mantener en todo caso”.
Imaginen, dijo: “Cualquier persona llega y pone un monumento en el centro. Eso no funciona así, qué absurdo es eso”. “El centro histórico está regulado por ley. Cada escultura, cada cosa que se pone debe tener una autorización hasta del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH)”.
Las dudas
Desde entonces, desde el 07 de junio de 2020 que Alfaro habló de la infiltración del crimen organizado en la Fiscalía de Jalisco, queda en el imaginario de la sociedad jalisciense que esa dependencia se mantiene infiltrada o que el crimen organizado tiene control al menos en parte, de esa institución, porque Alfaro terminó su sexenio y jamás aclaró si los hechos que denunció en esa declaración quedaron resueltos o no.
Ahora tocaría al actual gobernador, Pablo Lemus Navarro, el mismo que ordenó quitar el Antimonumento 5J en 2023, garantizar a los jaliscienses que la Fiscalía de Jalisco fue plenamente recuperada y saber si realmente fue subsanada esa dependencia.
Quizás el caso del centro de reclutamiento y adiestramiento del Rancho Izaguirre, descubierto años después en septiembre de 2014 y reabierto en marzo pasado, sea una pista para entender que la Fiscalía -ahora tan cuestionada por autoridades federales por sus omisiones en este caso de Teuchitlán- sigue contaminada. Sólo así se podrían entender omisiones y negligencias tan graves.
