Redacción Revista CG
Sábado 04 de abril de 2026.- El gobierno de México y organizaciones civiles vivieron una semana caótica al emitir el Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de la ONU una dura crítica -a través de un informe- por las desapariciones forzadas en el país, un documento que rechazó el gobierno de México al calificarlo como parcial y sesgado.
Con más de 132 mil personas desaparecidas y no localizadas, la ONU advirtió que esto podría constituir una violación grave y sistemática de derechos humanos a nivel internacional, e incluso alcanzar la categoría de crímenes de lesa humanidad, por lo que ofreció activar mecanismos de cooperación internacional para apoyar a México.
En su más reciente pronunciamiento, el organismo señaló que existen “indicios bien fundados” de desapariciones forzadas cometidas en el país, algunas de ellas con posible participación, tolerancia o aquiescencia de autoridades. Aunque no establece la existencia de una política estatal generalizada, el Comité subraya la persistencia de patrones de impunidad y fallas estructurales en la investigación y búsqueda de víctimas.
El informe toma como referencia una cifra superior a las 130 mil personas desaparecidas en México, además de miles de fosas clandestinas y decenas de miles de cuerpos sin identificar en servicios forenses. Ante la magnitud del problema, el Comité activó el mecanismo previsto en el Artículo 34 de la Convención Internacional, con el fin de escalar el caso a la Asamblea General de la ONU, una medida considerada excepcional y reservada para situaciones de extrema gravedad.
El organismo internacional también advirtió sobre la falta de resultados efectivos en la localización de personas, la debilidad en los sistemas forenses y el riesgo que enfrentan familiares y colectivos de búsqueda, quienes en muchos casos han asumido las labores que corresponden al Estado.
En respuesta, el gobierno de México rechazó el contenido del informe, al considerarlo “parcial” y “sesgado”. Las autoridades sostienen que la mayoría de los casos de desaparición están vinculados a la delincuencia organizada y no a acciones del Estado, y defendieron las estrategias implementadas para la búsqueda y localización de personas.
La postura confrontada entre el organismo internacional y el gobierno mexicano coloca el tema en el centro del escrutinio global, en un momento en que la crisis de desapariciones continúa siendo uno de los mayores desafíos en materia de derechos humanos en el país.
Por su parte, organizaciones civiles luego del informe del Comité CED de la ONU, señalaron al gobierno por desacreditar el informe, al señalar que eso no cambia la realidad que se vive en México en esta materia de desapariciones, donde la impunidad es de más del 99 por ciento de los casos.
Eso mientras que la Comisión Nacional de Derechos Humanos, emitió un largo comunicado, donde señala que: “La CNDH reitera que la desaparición forzada ha dejado de ser una política de Estado, por lo que difiere de las conclusiones del Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada”.
