Desde El Búnker
Sábado 10 de enero de 2026.- Ahora resulta que en zona metropolitana de Guadalajara aplica la “ley” de “sálvese quien pueda”, ante la operación de grupos de sicarios, como los que operaron en Residencial Victoria para acribillar al bodeguero del abastos, Alberto Prieto.
Al menos las tres corporaciones más importantes de Jalisco reconocen que no pueden hacer nada cuando se ven superadas en número de elementos por un grupo de sicarios que las sobrepasan en capacidad de fuego, logística y movilización por calles y avenidas de la ciudad, a plena luz del día y en una de las zonas más concurridas de la ciudad.
Con terror los ciudadanos deben escuchar las palabras del titular de Seguridad Pública, Juan Pablo Hernández cuando admite que su corporación y las Comisarias de Zapopan y Guadalajara, optaron por aplicar un protocolo que establece la necesidad de no exponer a sus elementos cuando se ven superados por 30 sicarios, tal como ocurrió el 29 de diciembre, con el asesinato de Alberto Prieto, un hombre primero identificado como empresario del mercado de Abastos, pero quien a juicio del gobernador Pablo Lemus, estaba ligado al crimen organizado y a la organización de rifas clandestinas al estilo colombiano.
Lo que no se aclara es que, ante ese atentado, donde perdieron la vida la hija del comerciante y uno de sus escoltas, toda la capacidad de las tres principales corporaciones quedó cualificada, y que nadie se atrevió a confrontar a los delincuentes, por más aclaraciones que pretenda hacer el también alcalde de Zapopan, Juan José Frangie.
Entonces el estado de Jalisco constató -en este hecho sin precedente- que realmente no sirvieron para nada los cientos o miles de millones de pesos que se han invertido a lo largo de varias administraciones en seguridad, incluyendo las Tesla Cybertruck, que brillaron por su ausencia y que ahora realmente se comprobó sólo sirven para la foto.
Ahí se incluye también todo el equipo táctico, entre ellos los tres camiones blindados, conocidos como los famosos “Rinos”, fabricados para combate urbano, o la reciente adquisición de una nueva unidad de ese tipo conocida como BlackMamba, o qué decir del helicóptero artillado.
Junto a ese equipo están decenas de elementos especializados en acciones de reacción inmediata preparados en el extranjero, capacitaciones con un alto costo al erario público de los jaliscienses.
Toda esa infraestructura, los mandos de seguridad y cientos de policías en Guadalajara, Zapopan, así como la Policía del estado, no sirvieron de nada. Al parecer quedaron congelados por el respeto al protocolo, y al reconocer la superioridad de los sicarios.
Seguro todos aquellos reporteros especializados en la fuente policíaca ahora tendrán elemento para comparar las acciones de los actuales jefes policíacos con el trabajo desarrollado por el ex fiscal, Luis Carlos Nájera y algunos de sus principales colaboradores, como su 02 Alejandro Solorio, quienes en más de una ocasión enfrentaron atentados y estuvieron a punto de perder la vida en el cumplimiento de su deber.
Si las principales corporaciones de Jalisco dan un paso atrás en la confrontación a los delincuentes, imagínese usted qué se puede esperar con las policías -por ejemplo- de Techaluta, Amacueca, El Limón, Tonaya, Tuxcacuesco, Jilotlán de Dolores, El Salto o Juanacatlán.
Tras las declaraciones de Juan Pablo Hernández el secretario de Seguridad, queda en evidencia un “sálvese quien pueda” en el estado de Jalisco.
Y qué decir también de las declaraciones del gobernador Pablo Lemus, donde rebasa al Ministerio Público y concluye que Alberto Prieto, no era un empresario sino un delincuente ligado a las rifas colombianas, como si eso justificara la manera brutal con la que fue asesinado. Sin duda que hay desesperación de la autoridad -rebasada- por criminalizar a un hombre ejecutado.
