Redacción Revista
Lunes 29 de diciembre de 2026.- La Federación de Estudiantes Universitarios de la Universidad de Guadalajara (UdeG) se pronunció contra el aumento en la tarifa del transporte público y anunció una campaña de información a las y los usuarios en el Área Metropolitana de Guadalajara, así como el levantamiento de una encuesta para conocer su opinión respecto a la calidad del modelo de movilidad urbana y sus unidades.
En conferencia de prensa realizada en la Rambla Cataluña, la presidenta de la FEU, Fernanda Citlali Romero Delgado, dio a conocer que a partir de este lunes representantes de la organización estarán en las principales paradas de camiones y en estaciones del Tren Ligero y del Macrobús de la metrópoli para entregar información acerca del incremento de 14 pesos, anunciado por el Gobierno de Jalisco, y cómo afectará a sus bolsillos.
Romero Delgado detalló que este martes asistirán a Casa Jalisco a la espera de reunirse con el gobernador para entregarle un pliego petitorio de mejoras al transporte público, entre las que destacan más unidades de transporte, más frecuencia de paso, mayor seguridad para las y los usuarios, unidades dignas y tiempos de traslados más cortos para garantizar el derecho humano a la movilidad.
“El transporte público es un derecho, no es un privilegio ni negocio, el alza impacta directamente a estudiantes, trabajadores y a familias que lo utilizan día con día”.
“Cada aumento significa menos ingreso disponible, más estrés y menos tiempo de vida. Subsidiar sin mejorar la calidad, frecuencia y seguridad no protege al usuario, sino que perpetúa un modelo ineficiente”, destacó y recordó que en la sesión del Comité Técnico sólo los representantes de la UdeG y el Observatorio Ciudadano de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco votaron en contra del aumento.
La representante estudiantil no descartó que el estudiantado realice movilizaciones masivas para exigir marcha atrás a la tarifa y mejores condiciones de transporte para las personas. A petición expresa de un ciudadano, aseguró que una parte de la FEU se unirá a la marcha convocada por diversos colectivos civiles el próximo 7 de enero.
La maestra Natalia Juárez Miranda, Secretaria General del Sindicato de Trabajadores Académicos de la UdeG (STAUdeG), aseguró por su parte que este gremio respalda las acciones emprendidas por la FEU y presionará para que el gobierno del estado eche atrás el aumento que afectará los ingresos de miles de familias y el profesorado de asignatura, no sólo en el AMG, sino también de otras ciudades de Jalisco como Puerto Vallarta, Ciudad Guzmán y Tepatitlán.
También, el maestro Juan Carlos Nuñez Guerrero, representante del Sindicato Único de Trabajadores Administrativos de la UdeG (SUTUdeG), señaló que respaldan las acciones contra el aumento al transporte público, una opción de movilidad que es muy común entre quienes laboran en esta Casa de Estudio.
Daniela Sánchez Estrada, miembro del Observatorio Ciudadano de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco y parte del Comité Técnico Tarifario, señaló que con el análisis de los datos oficiales de la Secretaría de Transporte respecto a la calidad del esquema de movilidad y la percepción de la ciudadanía, el aumento debió ser de 11.17 pesos y era lo único que legalmente debía de someterse a votación.
“Sin embargo, lo que se sometió a votación fue una tarifa de 13.03 pesos correspondiente al promedio proyectado del incremento de los próximos 5 años, por lo tanto es un monto que no sustituye la tarifa anual y que no tiene sustento normativo como tarifa aplicable inmediata”, dijo.
Agregó que la tarifa de 14 pesos “no se votó en ningún momento dentro de la sesión del comité tarifario (sino que) fue introducida de manera posterior por el Secretario de Transporte de Jalisco, Diego Monraz, sin respaldo técnico ni votación formal”. Mencionó que prefirieron que la ciudadanía pague 1.5 pesos más y subsidiar tres pesos con cargo al erario público, complicando las finanzas de la entidad.
Sánchez Estrada coincidió que esta decisión es reversible porque el Comité Técnico Tarifario excedió sus atribuciones y avaló un esquema tarifario que no corresponde a la ley y a la norma técnica, y que, además, no tiene sustento jurídico, por lo que podría ser revocado mediante un amparo social promovido por la ciudadanía.
